Agosto 22 de 2024
El Comunagogo
El informe de investigación titulado, Colombia, el paraíso del comercio educativo, donde el lucro es ley, afirma: “Se observa cómo las autoridades educativas a nivel nacional y a nivel departamental han naturalizado e institucionalizado el mecanismo de la compra de elaboración de contenidos y otros servicios educativos a los grupos privados. Junto con este mecanismo, las autoridades educativas han naturalizado la introducción del enfoque empresarial en el diseño de los modelos administrativos y pedagógicos, sin poner ningún obstáculo. No en vano, el sector privado que lucra con la educación; aparece como el principal aliado del sector público para llevar adelante todas las facetas de la política educativa.” (Internacional de la Educación América Latina- IEAl, 2020).
En ese contexto, el pasado domingo fue la evaluación a estudiantes en competencias, el próximo domingo será a profes del decreto 1278 en desempeños; unos y otros medidos bajo lógicas mercantiles y productivistas. Si los resultados de estas evaluaciones no responden a las expectativas de la sociedad, ¿por qué será que al primero que se culpa es al magisterio? ¿mientras los mercachifles de la educación pasan de agache? me pregunto, el anhelado cambio en la educación ¿si se logrará en este gobierno? ¿será que hay más posibilidades ahora con un ministro que dicen es consecuente y radical? Porque hasta el momento en Colombia siguen implementándose al pie de la letra, las ordenes emitidas desde escritorios extranjeros como la OCDE, con lo cual en nuestras narices danzan con recursos públicos organizaciones como: Empresarios por la Educación, Fundación Corona, Fundación Qualificar, Fundación Fe y Alegría, Alianza Educativa, Educapaz, Cajas de Compensación, etc., mientras responsabilizan a los maestros (as) por las consecuencias en la educación fruto de sus perversos negocios. La injerencia privada, presuntamente, sin ánimo de lucro es cotidiana en la educación pública. Al respecto, no deja de asombrar el “altruista” convenio del mes pasado acordado entre la gobernación de Cundinamarca con la Fundación de la empresa de leche La Alquería, dizque para cualificar la educación. Según la gobernación “comprende 24 municipios no certificados, 82 instituciones educativas oficiales, 3.816 docentes, 224 directivos docentes, 89.564 estudiantes y 5.024 estudiantes de grado 11”. Preguntémonos ¿por qué dicha cualificación, mejor no la desarrollan instituciones expertas en el tema como la Universidad Pedagógica Nacional?
Ante estos hechos, vale la pena que las comunidades educativas se empoderen sobre lo que realmente sucede con la educación pública y pongan en duda la mala prensa que le hacen, ayudando a desenmascarar las mafias que están detrás de los micrófonos que legitiman sus negocios, ya que siguen desmembrando este derecho como lo hicieron con la salud.